Son 6 frentes de obras que suman 973 viviendas. “El panorama es bastante desalentador”, resumió Lucas Crivelli, director provincial de Vivienda y Urbanismo. Buscan alternativas para terminarlas.
El sueño de la casa propia en el actual contexto de crisis macroeconómica está cada vez más lejos. Y para aquellos santafesinos que se inscribieron en los planes del Estado la incertidumbre es grande, porque todas las obras de viviendas que estaban en marcha en la ciudad quedaron paralizadas.
Eran seis los frentes de obras de viviendas que se estaban ejecutando en la ciudad cuando el año pasado se agudizó la escalada inflacionaria, luego vino el cambio de gobierno nacional, los anuncios sobre la decisión de no continuar con la obra pública y el descalabro macroeconómico. La consecuencia fue la paralización total de las obras en la ciudad y la incertidumbre sobre su futuro. Así las cosas quedó truncada la construcción de un total de 973 viviendas en distintos barrios de Santa Fe.
Es que los contratos que las empresas privadas tenían con el Estado para ejecutar las obras quedaron totalmente fuera de la realidad. La inflación llevó el precio de los materiales y otras variables “por las nubes” y hubo que renegociar los contratos hasta llegar al punto de no poder continuar con los compromisos asumidos. A ello se le sumó la decisión del nuevo gobierno nacional de dejar de invertir en obra pública.
Así las cosas, quedaron todos los frentes de obras paralizados y los obreros sin trabajo. A esto se suma el riesgo de vandalismo, robo e intrusiones.
Las obras
Antes de que todo esto ocurriera, en el residencial barrio Villa Setúbal la Provincia había comenzado la construcción de 108 viviendas, en dos obras de 54 departamentos cada una, con 1, 2 y 3 dormitorios y 39 cocheras. Las mismas están ubicadas en dos manzanas ociosas entre calle Vélez Sarsfield al oeste, Tacuarí al este, Llerena al sur y Pasaje Iriarte al norte, frente a la plazoleta Chaplin.
La primera obra que tenía un plazo de ejecución de 18 meses se licitó, se adjudicó a la unión transitoria de empresas Tecsa – Pirámide, comenzó en diciembre de 2022 y un año más tarde quedó neutralizada en un 27 por ciento de avance; mientras que la segunda obra también se licitó y se adjudicó pero “quedó rescindida sin empezar”, explicó el actual director provincial de Vivienda y Urbanismo, Lucas Crivelli. También quedó paralizada allí otra obra paralela, un Aulario para la Universidad Tecnológica Nacional. Sólo quedó el cartel con la imagen de una futura propietaria y la llave en mano, y detrás del cartel, la estructura de hormigón a medio hacer.
En barrio Acería se proyectó levantar otras 72 viviendas de hasta tres dormitorios, en un plazo de 16 meses. En ese sector de la ciudad comprendido por las calles Roca, Calle Pública, Azcuénaga, Grandoli y Caferatta se se fueron demoliendo las antiguas viviendas del FoNaVi que iban siendo reemplazadas por nuevas. La paralización de esta obra las dejó en un avance del 30 por ciento.
En otros terrenos provinciales que estaban ociosos en barrio La Florida, ubicados entre el Regimiento 12 y el Hospital de Niños, sobre una lonja delimitada por las calles Santiago de Chile, Pasaje Liniers, Roque Sáenz Peña y Salta, se construían a través del programa nacional “Casa Propia, Construir Futuro”, un total de 183 viviendas, divididas en dos licitaciones de 111 y 72 viviendas. Esta obra adjudicada a la empresa Tecsa comenzó en diciembre del 2022 y tenía un plazo de ejecución de 12 meses.
El Litoral recorrió el martes por la mañana la obra desolada y se encontró con tres operarios a los que les preguntó:
-¿Esta obra está en marcha?
-No. Se fueron. No quedó nadie. Nos mandaron a retirar las cosas que habían quedado -contestó uno de ellos.
Las 183 viviendas “quedaron en un 14 y 17 por ciento de ejecución, respectivamente”, explicó más tarde el director de Vivienda. Dos serenos custodiaban el predio para tratar de evitar el robo de materiales o intrusiones. Alrededor crecen los yuyos.
Nacionales
Las dos obras de viviendas que estaban en marcha en la ciudad pertenecen a planes nacionales como el ProCreAr: el primer frente es de 192 viviendas en dos manzanas ubicadas entre 9 de Julio, Matheu, Azcuénaga y 4 de Enero, a dos cuadras de la avenida A. del Valle, de barrio Transporte. Los trabajos allí eran ejecutados en un sector por la UTE Mundo y Capitel, y por Pirámide, en el otro; con un plazo de ejecución de 14 meses. El segundo frente de obra es de otras 198 viviendas, en el Parque Federal. Tanto en Transporte como en el P. Federal la Provincia no tiene injerencia. Todo depende del gobierno nacional. Y ambas están paralizadas.
“Si hubiesen estado los fondos y estas obras se hubiesen continuado al ritmo en el que venían a marzo del año pasado estarían terminadas”, dijo Crivelli, en referencia a todas las obras de la ciudad que están paralizadas.
-¿Los contratos con las constructoras se cayeron?
-Todas están neutralizadas. En algunos casos han pedido rescindir y se irá hacia ese proceso, y en otros casos se ha podido reconvertir y esperamos retomarlo pronto. Creo que en los próximos 30 días habrá definiciones, se anunciarán nuevas licitaciones, y se irán haciendo por etapas. Esperamos ejecutarlas durante la actual gestión de gobierno. Si las condiciones económicas mejoran se avanzará más rápido. Pero ante un escenario como el actual debemos ser conservadores. Nuestro horizonte es de cuatro años. Ese es nuestro objetivo.
-¿Cómo piensan financiar estas obras?
-El Fondo Nacional de Viviendas (FoNaVi), que es de coparticipación directa, está en una franca detracción y hoy está en un 60 por ciento de lo que lo teníamos presupuestado. Debíamos recibir unos $700 millones y en marzo recibimos $186 millones. Entonces la alternativa es buscar a través del Tesoro Provincial y, mediante un cambio normativo de la Dirección de Vivienda, buscamos también financiamiento a través de la asociación público – privada. Esto, a su vez, demanda más tiempo para la ejecución.
-El gobierno nacional dijo que no invertirá más en obra pública, ¿intentar conseguir financiamiento nacional ya es un imposible?
-El gobierno nacional tiene compromisos asumidos que debe honrar. No lo están haciendo y se están llevando adelante las acciones legales correspondientes. Hemos ido a Buenos Aires, nos reunimos con el secretario de Vivienda, (Héctor) Lostri, y ahora estamos en contacto con su reemplazante (Rodrigo Aybar). El próximo 5 de abril tendremos una reunión del Consejo Nacional de Vivienda en La Plata. Allí plantearemos lo que necesitamos y reclamaremos claridad ante la falta de pago y la falta de respuesta. Luego tomaremos cartas en el asunto y decidiremos cómo continuar estas obras. No tiene sentido dejar obras a medio ejecutar. Es un desatino, porque después de la seguridad, la vivienda es la segunda mayor demanda de la población.
Realidad y futuro
“El panorama es bastante desalentador”, advirtió más adelante Crivelli. “Cuando asumimos el gobierno, las obras de viviendas provinciales que estaban en marcha venían de un estado de paralización de casi siete meses, con avances muy por debajo de lo que fue la curva inicial, incluso se había hecho una reformulación con una extensión de plazos de 18 a 24 meses, lo que en un contexto inflacionario es prácticamente definir la muerte de la obra, porque lo que se debe hacer es lo contrario: acelerar el proceso. Y en la mayoría de los casos el 7 de diciembre se dictó la neutralización, lo que significa que el Estado entendió junto a cada empresa constructora que esas obras tal como estaban planteadas no podían resolverse”.
“En parte es entendible, por la situación que se vivió, pero la verdad es que para el volumen de obra que la Dirección podía llevar adelante, es difícil entender por qué no se pudo avanzar para terminarlas”, dijo el funcionario.
En este marco, el dinero que se iba a destinar a viviendas y fue incluido en el Presupuesto provincial 2024 “quedó muy desacoplado de la realidad”, dijo Crivelli. Y ejemplificó: “Planes de vivienda a los que se asignaba $600 millones tienen un costo de $3.000 millones. Esto amerita una reconfiguración del esquema de viviendas para la ciudad de Santa Fe”, que representa hoy el 60 por ciento del total de viviendas en ejecución en toda la provincia.
Cómo se soluciona
“Para un proceso de reconversión de este producto (viviendas) en publico – privado, va a ser complejo”, advirtió Crivelli. “Porque hoy el financiamiento nacional está cortado y en principio no continuará. Esto amerita que se planteen nuevas ideas para solucionarlo”. Entonces, “partimos de un punto muy complejo -insistió- pero queremos llegar a buen puerto”.
Hoy son 27.824 las familias de la ciudad de Santa Fe inscriptas en la Dirección de Vivienda que esperan por una casa propia. En Rosario hay otras 48.504. Y en toda la provincia suman un total de 161.399.
-¿La Dirección de Vivienda se ocupará estos cuatro años de terminar lo que heredaron o hay margen para proyectar más viviendas en Santa Fe? Porque la demanda es grande.
-Hay una política de vivienda provincial. Se trabaja sobre dos ejes. Hay que atender dos sectores bien distintos a los que hoy el Estado no los diferencia: la emergencia habitacional para los que tienen una vivienda insalubre, que es el sector sobre el que el Estado debería dar soluciones; y luego definir una política para el sector que necesita acceder a una vivienda a través de un crédito hipotecario, que no es una demanda social habitacional sino privada. Es gente que vive en una casa digna pero no es propietario. Durante 40 años estas dos demandas compitieron por la misma casa. Quien necesitaba la vivienda de emergencia habitacional no llegaba y el que quería ser propietario no quería este tipo de vivienda, terminaba tomándola y a los tres años la vendía de forma ilegal. Eso es lo que hay que cambiar. Los primeros requieren fondos del Estado y políticas de hábitat. Los segundos necesitan un programa de fideicomiso y la articulación público – privada.