El juez Lorenzini ordenó no cortar el servicio eléctrico a la cerealera por 60 días hábiles. La decisión pone en peligro de quebranto a la entidad prestataria.
Con una resolución que no superó los 24 folios, pero que dejó en evidencia la deficitaria gestión del actual Directorio de Vicentin para sobrellevar el período posconcursal, el juez Fabián Lorenzini dispuso la intervención del órgano de administración de la concursada por el término (prorrogable) de 120 hábiles judiciales.
En el decisorio, el magistrado del concurso de acreedores de la cerealera designó como interventores societarios al CPN Andrés Shocrón y al Dr. Guillermo Nudemberg y los emplazó a presentar un informe de situación, plan de actuación y conformación de un grupo de colaboradores y auxiliares, en un plazo máximo de 10 días.
En la parte resolutiva, impuso bajo el “principio de prevención del daño” que todos los proveedores de servicios públicos y privados, o insumos y servicios públicos o privados considerados esenciales o indispensables para la operación industrial de las plantas fabriles, sedes administrativas y unidades de negocios de la concursada -proveedores de gas, energía eléctrica, servicios informáticos, seguridad, transporte, telefonía, seguros, etc.- “se abstengan de interrumpir o suspender la provisión de tales bienes o servicios por el término de 60 días hábiles”.
Colisión de intereses
Lo que Lorenzini, en su buena fe e infinita paciencia, calificó como necesidad de “emplear todos los recursos y mecanismos disponibles para evitar la liquidación de la concursada”, en realidad podría terminar colisionando con los intereses y la supervivencia de la Cooperativa Cooperativa de Servicios Públicos y Vivienda de Avellaneda, que abastece de energía eléctrica a la planta del Nodo Norte de Vicentin ubicada en la misma ciudad.
Fuentes confiables dejaron entrever el temor reinante en la entidad fundada el 11 de noviembre de 1939 tras la determinación judicial que la obliga a seguir prestando el servicio de suministro eléctrico por 60 días hábiles -unos 3 meses, estimaron- sin percibir un peso de los 598 millones de pesos que la empresa en default les adeuda en concepto de 2 meses de luz, sin contar lo que lleva consumido en el mes de abril en curso. Algo que cayó como un baldazo de agua fría en la institución con 84 años de vida.
Off de récord, los consultados advirtieron las dificultades y vaticinaron que en caso de no reverse tal medida se avecine un escenario de quebranto “porque no hay espalda para aguantar ese déficit”, que superaría los 1.200 millones de pesos cuando se cumpla el plazo anunciado por el juez.
En concreto y ante el panorama desolador en ciernes, en la jornada del jueves miembros de la conducción de la prestataria se reunirían en audiencia con el juez Lorenzini para plantear la inquietud y buscar una salida. Este medio pudo saber que también se apura un contacto con los interventores para el viernes.
Deuda posconcursal
Luego de la audiencia pública que tuvo lugar el viernes 11 de abril en el Auditorio del Palacio de Tribunales de Reconquista, el Directorio -ahora desplazado- había adelantado la posibilidad de reactivar sus plantas paralizadas con dos fasones, bajo condición de que “los servicios de electricidad y gas no serán interrumpidos”.
En lo que podría considerarse un anticipo de lo que sobrevendría, en aquel encuentro autoridades municipales de Avellaneda mocionaron que toda solución que se alcanzara, para volver a poner operativos los complejos industriales de la cerealera, debía tener como premisa la no afectación de otras instituciones, entidades o industrias de la ciudad de manera de no generar un círculo vicioso.
U$S 30 millones
La compañía tiene una deuda posconcursal de U$S 30 millones, en los cuales se incluye U$S 18 millones que se le debe a Renova y el resto es deuda nueva que está centrada en insumos básicos: primero U$S 3 millones de sueldos; energía eléctrica y gas alrededor de U$S 5 millones; y deudas con contribuciones y con el fisco de unos U$S 2 millones. El informe fue brindado por el exinterventor y actual veedor Andrés Schocron, quien sostuvo que “esto hace muy dificultoso poder sobrellevar esto, máxime cuando no hay actividad industrial”. “A eso hay que adicionarle mínimo U$S 1 millón para poder acondicionar para poner en marcha la planta de San Lorenzo”, agregó.
Las críticas del juez
El Dr. Lorenzini, al momento de intervenir el órgano de administración de la concursada Vicentin hizo referencia al “difícil escenario que se presenta en la faz comercial, financiera, tributaria, operativa y laboral”, y fustigó “la falta de actuación tempestiva, preventiva y suficiente por parte del actual Directorio de la sociedad”.
En su amonestación, incluyó “la imposibilidad de contar, en el momento de asumir este camino procesal, con información clara y precisa acerca de cuestiones tales como las cuentas por cobrar entre compañías en las cuales Vicentin tiene algún grado de injerencia, las posibilidades de concretar dichas cobranzas en todo o en parte mediante el swap (o cambio) de activos que formaba parte de la propuesta concordataria; o aspectos relativos al funcionamiento operativo de las plantas, como surge del informe presentado en fecha 21 de abril de 2025 por parte de los veedores, en el cual ”se refleja un faltante de 2.880 toneladas de maíz en la planta de Avellaneda”.
El haber mínimo garantizado ascenderá a 296.481,74 pesos.
