En contra del pedido del fiscal Maglier, la jueza Bressán liberó a seis policías detenidos por la sustracción de mercaderías. Solo una mujer sigue presa.
Bomba verbal en tribunales: En plena audiencia oral y pública, el abogado Andrés Ghio denunció que hubo una «vendetta» entre policías y prometió revelar pruebas en otro momento. Los defensores acusaron al fiscal de discriminar contra los policías, ya que no detuvieron a otros funcionarios involucrados. Picantes. La próxima audiencia será el 3 de mayo.
Los policías José Gastón Alfonso Ramírez, 33; Paula Belén Vázquez, 27; Alexis Joan Zambiaso, 30; Iván Alexis Lobos, 32; Emanuel Magneago, 34; y Hernán Nahuel Peresón, 36, recuperaron la libertad con restricciones. Peresón estaba preso desde la noche del mismo día del hecho (17 de abril) y los restantes desde el 19, dos días después.
En una audiencia realizada este martes 30 de abril de 2024 en los tribunales de Reconquista, la jueza penal Claudia Bressán dio lugar al pedido de los abogados defensores (Ghio y Degoumois), y rechazó la pretensión del fiscal Nicolás Maglier, quien había argumentado que, aunque «está avanzada», aún necesitaba cautelar la investigación con la permanencia en prisión de los imputados; y que para nada era una pretensión desmedida, ya que necesita «precisar la extensión del daño y averiguar cuáles serían los circuitos de relocalización de la mercadería sustraída».
Los defensores refirieron a que hay un informe del 911 donde consta en una anotación, que el chofer del camión dijo expresamente que la carga estaba asegurada, por lo que «no le preocupaba el destino, o que sustraigan o que tomen los elementos volcados». Insisten que no hubo hurto. Y recordaron que los imputados son personas sin ningún antecedente penal, por lo que bien podrían dejarlos en libertad con algunas restricciones que ellos mismos sugirieron.
Quien más cargó contra el fiscal Maglier es el Dr. Ghio, quien calificó como «arbitrario y absolutamente discriminatoria» la pretensión del fiscal de sostener a los imputados en prisión preventiva más plazo, siendo que «es público y notorio que hubo otras personas imputadas y allanamientos en los que encontraron mercaderías que pertenecían al camión siniestrado, inclusive que son funcionarios públicos, una inspectora municipal de tránsito, y se le identificó, y continuaron en libertad«.
Y lanzó una bomba verbal: «Creemos que los imputados están sufriendo una vendetta de orden policial , sobre lo que dijo que va a ahondar «más adelante».
«Creo que es sumamente injusto que estén en prisión preventiva… es caprichosa, no es más que un adelanto de pena», ya que -remarcó que- aún en caso de ser condenados, «obviamente va a ser con (pena de) ejecución condicional».
ARGUMENTOS DE LA JUEZA BRESSÁN
Fundamentó su decisión de liberar a los imputados en la posibilidad de que, frente a una posible condena, podría ser de ejecución condicional; y que venció el plazo que el tribunal le había otorgado la semana pasada a los investigadores para que terminen de revisar los videos; y el riesgo de fuga ni siquiera fue invocado por el fiscal en ninguna audiencia, «lo que me releva de considerar la existencia de este peligro», señaló. La jueza que apuró a los investigadores y los condicionó con un plazo determinado es la Dra. Norma Senn.
La única prueba a cautelar que había invocado el fiscal, era la revisión de unos videos donde se podría advertir la participación o no de otras personas. «Entiendo que el plazo para esa revisión ha sido hasta el día de la fecha; y no habiéndose invocado otro peligro procesal atendible en esta instancia, entiendo que corresponde hacer lugar a la petición formulada por las defensas técnicas; en virtud de lo cual, en consecuencia, se impone la libertad de los imputados», expresó la magistrada, favoreciendo a los imputados que habían solicitado esta audiencia.
Peresón, Alfonso Ramírez, Paula Vázquez, Zambiazo, Lobos y Magneago recuperaron la libertad con las siguientes restricciones: constituir un domicilio que no podrán variar ni modificar sin previa comunicación, prohibición de contactar y/o acercarse bajo cualquier modalidad a las personas identificadas como víctimas en esta carpeta judicial (Luis Alberto Tour, Adrián Valle, y/o para con la empresa propietaria de la carga del camión), la prohibición de tener o portar cualquier tipo de armas en la vía pública y la prohibición de drogarse y de emborracharse.
Solo continúa detenida preventivamente (en su domicilio) la suboficial Florencia Micaela Acosta, 27; quien tiene audiencia programada para el 3 de mayo. A ella la asiste el abogado Marcelo Venetucci.
Recordamos que los siete policías están imputados por ser considerados coautores penalmente responsables de los delitos de hurto doblemente calificado, por ser en ocasión de un infortunio del damnificado, (hurto calamitoso); y por ser sobre mercaderías transportadas, agravado a su vez por la condición de ser miembro integrante de las fuerzas de seguridad, en concurso ideal con abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, y malversación de caudales públicos, según artículos 162, 163 incisos 2 y 5; 163 bis; 248, 249 y 260 del Código Penal Argentino, según calificación seleccionada por el fiscal Nicolás Maglier, confirmada por la jueza de la Investigación Penal Preparatoria, Claudia Bressán.
Recordamos que en la imputación, el fiscal sostuvo que los siete policías detenidos «se apoderaron ilegítimamente de gran cantidad de mercadería que había quedado desparramada en la ruta. Luego colocaron los alimentos en la caja del móvil policial y los llevaron hasta la casa en la que vivía» Peresón, en el Barrio Las Lilas de Reconquista, donde secuestraron 3.008 latas de caballa, atún, frutillas, choclo y frutillas.
Fueron claves en la investigación, las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Reconquista (CEO), que permitió reconstruir paso a paso la acción delictiva de los policías, incluso cuando ingresaron la mercadería robada a la casa del suboficial Peresón. Utilizaron dos camionetas oficiales de la repartición.
POSIBLES SANCIONES POR LOS HECHOS IMPUTADOS
Artículo 162. – Será reprimido con prisión de un mes a dos años, el que se apodere ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena.
Artículo 163. – Se aplicará prisión de uno a seis años en los casos siguientes:
2º Cuando el hurto se cometiere con ocasión de un incendio, explosión, inundación, naufragio, accidente de ferrocarril, asonada o motín o aprovechando las facilidades provenientes de cualquier otro desastre o conmoción pública o de un infortunio particular del damnificado;
5º Cuando el hurto fuese de mercaderías u otras cosas muebles transportadas por cualquier medio y se cometiere entre el momento de su carga y el de su destino o entrega, o durante las escalas que se realizaren.
Artículo 163 bis — En los casos enunciados en el presente Capítulo, la pena se aumentará en un tercio en su mínimo y en su máximo, cuando quien ejecutare el delito fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario.
Artículo 248. – Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.
Artículo 249. – Será reprimido con multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio.
Artículo 260. – Será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída.
El artículo 45.- Los que tomasen parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. En la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo.
Artículo 54.- Cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fijare pena mayor.
OTROS SOSPECHOSOS
El fiscal informó que hay otras personas bajo investigación por haber participado de la sustracción de mercaderías, con uso de vehículos particulares y de una repartición oficial: Vialidad Provincial. Ya procedió con varios allanamientos y resta avanzar con las imputaciones, lo que será en estado de libertad, en fecha a confirmar.
Qué hará el gobierno con los 7 policías imputados por el robo de mercaderías
Lucas Covacich, subsecretario de Control del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, informó la semana pasada que han iniciado el sumario correspondiente a los siete policías imputados.
José Gastón Alfonso Ramírez y Paula Vázquez son oficiales; y los cinco restantes suboficiales de la Policía de la Provincia de Santa Fe (Sección Vial).
Apenas fueron detenidos, la jefatura policial ya los pasó a disponibilidad , por lo que se les retiró la credencial, el arma reglamentaria y el chaleco antibalas; y a partir de ese momento percibirán un porcentaje del sueldo, lo que aún no estaba determinado.
Estimó que le retendrían entre el 30 y 40%; y en caso de acreditarse alguna falta disciplinaria en el sumario administrativo, podrían recibir una sanción que puede ser un apercibimiento, una suspensión o la destitución; y que para esa decisión administrativa no es necesario esperar a la sentencia penal, lo que puede llevar varios años hasta que adquiera firmeza.
Covacich indicó que es decisión de esta gestión «separar a estas personas que utilizan el uniforme policial para cometer delitos, y de alguna manera también proteger y acompañar a los policías que cumplen su labor de manera adecuada».
Finalmente, pidió a la comunidad que denuncia a los malos policías. Recordó que el gobierno dispone de un número telefónico gratuito para denunciar mal desempeño policial. Es el 0800444 3583 que funciona las 24 horas, todos los días, y al que se puede llamar anónimamente. No hace falta tener certeza del delito, puede denunciarse también una situación de sospecha para que sea investigada.