El segundo semestre será de «sinceramiento» de las tarifas. El gobierno nacional le puso fecha a los aumentos que había anunciado en enero y que había diferido para mejorar sus índices sobre la inflación.
El gobierno nacional publicó esta semana un decreto en el Boletín Oficial confirmando la medida.El gobierno nacional dispuso que no tenga límites el impacto en las tarifas de la energía eléctrica y el gas natural por redes, al volver a anunciar -ahora para un período de transición entre junio y noviembre- la quita de subsidios a los sectores de ingresos medios y bajos.
Hoy los hogares que lograron ser considerados como N2 (los más vulnerables) y N3 (capas medias) pagan apenas entre el 6 y el 7% de lo que la Secretaría de Energía de la Nación considera como los «costos reales» de generación de los kilovatios y metros cúbicos de sus consumos de ambos servicios.
En la semana que termina, mediante el decreto 465 del presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputto, el gobierno el da curso a las políticas que a pocos días de iniciar su gestión, el 8 de enero, había presentado en una audiencia pública donde hizo saber de los profundos cambios que animan su política energética.
En resumen, se trata del retiro del Estado de las ayudas de que hoy goza el 70% de los usuarios residenciales de los dos niveles de ingresos más bajos. En cambio, los sectores industriales y comerciales, pagan la tarifa plena desde fines del año pasado, cuando todavía el presidente era Alberto Fernández y el ministro, Sergio Massa. Por esa razón, esos sectores no recibirán en sus facturas el tarifazo que se avecina por el retiro de los subsidios.
Sin topes
El decreto en cuestión no brinda precisiones respecto de cómo escalará en los bolsillos de los hogares de ingresos medios (N3) y las familias más vulnerables (N3) la suba por el retiro de los subsidios, tras aumentos que ya operaron en ambos servicios.
Sin embargo, puede dar una pista que el mismo decisorio de la Casa Rosada elimina un tope fijado (también por decreto) en 2022.
Es que junto a la segmentación de la demanda (que dividió por niveles de ingresos a los usuarios residenciales durante la gestión anterior) se había establecido un límite para atenuar el impacto de los aumentos, según una formula que contemplaba los haberes salariales y su evolución.
Ya no rige el techo que había creado el gobierno anterior que, en el caso de los usuarios N2 el incremento porcentual total anual en su factura no podría superar el 40% del Coeficiente de Variación Salarial del año anterior y para los usuarios N3, el 80% del mismo índice.
La segmentación de la demanda iniciada por Fernández y Massa contempló también límites de consumo para no subsidiar los excesos, que contemplaron factores estacionales. Ahora, con Milei y Caputo, se había previsto poner en marcha una «Canasta Básica» de consumos energéticos para luz y gas que la Secretaría de Energía a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo iba a plasmar para cada uno de los usuarios que completaron su declaración jurada ante el RASE, Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía. Sin embargo, su implementación no se ha podido llevar a cabo hasta el presente.